eluniverso.com «Las alícuotas enfrentan a administradores y dueños»

Que los guardias dejen de laborar de un día para otro, que a los propietarios morosos no les recojan la basura, que se les impida pasar al área social y no se les levanten las barreras de seguridad de las garitas, o que la urbanización sin suficiente recurso no dé el mantenimiento requerido a las áreas verdes o deba iniciar juicios coactivos en contra de deudores son casos comunes en urbanizaciones cerradas como efecto de la falta de pago de las alícuotas.

La alícuota es una contribución mensual obligatoria, incorporado en los contratos, que cubre el dueño de cada vivienda dentro de un complejo habitacional cerrado, destinado a costear el mantenimiento de la urbanización y la atención a los gastos operativos, como se cita en el Manual de convivencia de la urbanización La Joya, ubicada en La Aurora, en el límite de Daule con Guayaquil.

Los administradores, contratados por los moradores, cumplen la labor de cobranza. Recuerdan al deudor que sin su aporte no se podrían sostener los servicios. Y ese rol incluye velar por la buena convivencia, de ahí que asumen la función de mediadores durante conflictos entre vecinos derivados por el ruido o mascotas que dejan sus heces en portales ajenos, por citar ejemplos.

María Pía Valle, administradora de la etapa Ópalo, de La Joya, menciona que en cuanto un propietario llega al sector se le hace conocer las normas y la importancia de que la urbanización se mantenga con las alícuotas al día (el valor promedio es de $ 40 al mes) y sostiene que una persona busca un conjunto cerrado porque desea un mejor estilo de vida. “Para lograrlo, todos deben poner su granito de arena y esto empieza pagando las alícuotas”, comenta.

En Ópalo hay 577 casas y el porcentaje de morosidad es del 2%, según Valle.

En la urbanización Veranda, en la autopista Narcisa de Jesús, donde hay 577 viviendas, se paga $ 50 por este concepto.

Jeannette Martínez, directiva del comité de moradores, indica que el 60% cancela puntual sus alícuotas y que este grupo no debe perjudicarse por el 40% de propietarios deudores. “Si no cancela la alícuota, el propietario tiene derecho a ingresar, pero si no pone el granito de arena para cancelar al guardia, él no tiene por qué abrirle la puerta”, dice.

Martínez sostiene que son medidas para no ir a lo legal, sino para crear conciencia, pero lamenta el reciente incidente con un dueño de casa, supuesto deudor de alícuotas, que reaccionó dañando la “pluma” de la garita y por lo cual, según ella, iniciarán acciones legales.

En la urbanización Caracol (670 casas), en la vía a Daule, el aporte es de $ 15 al mes. La administradora, Isabel Lozano, anuncia que al final del plazo de la tercera notificación se iniciarán juicios para el cobro vía coactiva de las alícuotas.

Comenta que el rubro ascendería a $ 10.050 si pagaran todos los dueños de viviendas, pero manifiesta que generalmente se recauda la mitad, lo que no cubre los casi $ 7.000 que cobra, afirma, la compañía de seguridad. El monto se completa con los pagos extras obtenidos en convenios de pago, menciona.

Martha Lara, su par de la urbanización Puerto Seymour (213 casas), en la vía a la costa, habla de la importancia de “justificarle al propietario cada dólar que ingresa”. Cree que eso conlleva al compromiso de pago y afirma que envía reportes periódicos vía internet. Agrega que solo siete familias adeudan alícuotas. (I)

Cartera vencida
Vecindarios

Convenios de pago
La suscripción de convenios de pago es una modalidad común en urbanizaciones para recuperar cartera vencida. Con ello, los propietarios deudores pueden acceder otra vez a los servicios aun con obligaciones pendientes. Los juicios coactivos suponen recurso último.

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/10/nota/5115689/alicuotas-enfrentan-administradores-dueños